Asambleístas y pobladores de Tinogasta retomaron el sabado las protestas en distintos puntos de las rutas que conducen a empresas mineras que operan en Catamarca, con el objetivo de informar a los automovilistas e impedir el paso de camiones que abastecen a esos yacimientos.
La reanudación de la protesta se dispuso luego de la represión policial de ayer en sobre la ruta nacional 60 en el acceso a la ciudad catamarqueña de Tinogasta, donde un grupo de pobladores no dejaba circular a los vehículos logísticos que transportaban materiales para la mina Bajo de la Alumbrera, por lo cual fueron desalojados a través de una orden judicial.
Por su parte, la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti lamentó hoy que el Gobierno nacional continúe las políticas mineras de privilegios a empresas que inició el ex presidente Carlos Menem y advirtió que "no se cumple con la ley nacional de Glaciares".
Paralelamente al bloqueo al paso de camiones mineros en Tinogasta, ambientalistas continuaban hoy con protestas en los departamentos de Santa María y Andalgalá.
En Andalgalá, el miércoles se cumplirá el segundo aniversario del feroz enfrentamiento que se produjo entre la gente que rechazaba el trabajo de la minera Agua Rica y la policía, que terminó con detenidos, autos rotos y edificios públicos destrozados.
En Santa María seguían también manifestándose los vecinos en la ruta 40, a la altura de Fuerte Quemado, mientras que en Belén, donde también en los últimos días hubo un desalojo, se declararon en estado de asamblea permanente.
Fuentes provinciales señalaron que ayer, mientras sucedía la represión en Tinogasta, en el hotel casino de la capital de Catamarca autoridades provinciales, nacionales y empresariales analizaron la puesta en marcha de la Mesa de Homologación de insumos y servicios, que integra a operadores mineros y proveedores del sector.
La senadora nacional Blanca Monllau (Frente Cívico y Social) pidió "mesura a las autoridades del Gobierno provincial para evitar toda acción represiva por parte de las fuerzas de seguridad hacia los manifestantes, que agrave más la situación que se vive no sólo en Tinogasta, sino también en otros puntos como Andalgalá, Belén y Santa María".
"Es necesario tener prudencia y responsabilidad y esto no sólo le cabe al oficialismo, sino a todo el arco político de la provincia y del país", agregó la legisladora.
La gobernadora Lucía Corpacci había señalado el martes en una conferencia de prensa que "la minería es sin lugar a dudas un factor de desarrollo importante para la provincia, no el único pero si de los más importantes".
Y, confirmó que la minería era "una política de Estado".
En tanto, Picolotti cuestionó los "atropellos permanentes por parte del gobierno de Catamarca y la empresa La Alumbrera" contra los pobladores que se manifiestan contra la minería.
La ex funcionaria del kirchnerismo recordó que con "el modelo actual de extracción de minerales de Argentina no estamos combatiendo la pobreza".
"Desde hace diez años están explotando en Catamarca una de las más grandes minas de oro del mundo y la gente no ha recibido beneficio alguno", añadió en diálogo con radio Mitre.
La abogada, especializada en derecho ambiental, resaltó que la empresa "en los últimos años ha ganado 11 mil millones de dólares y la gente no tiene cloacas, agua, calles escuelas".
Picolotti consideró la protesta de Tinogasta "absolutamente razonable, porque la gente está reclamando que se pare con este modelo, que sea mas equilibrado que no defienda a los mas poderosos en pos de los más vulnerables".
"Las empresas mineras en Argentina son la mayoría extranjeras han logrado un marco jurídico, votado por nuestro Congreso y también por algunas regulaciones del Poder Ejecutivo, que le permiten operar con una situación de privilegio que es absoluta", acotó.
Por otro lado, los asambleístas denunciaron una supuesta "patota pro-minera que controla los accesos" a la ciudad de Andalgalá para impedir el ingreso de manifestantes que viajan a sumarse a la protesta.
Los asambleístas denunciaron mediante un comunicado que desde "hace cinco días esta patota pro minera, avalada por los gobiernos provincial y nacional, y financiada por Bajo la Alumbrera, entre otras empresas, actúa con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá".
"El pueblo de Andalgalá se encuentra sitiado por una patota pro minera que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha", acotaron en el escrito.
En este contexto, los manifestantes de Tinogasta mantienen una protesta sobre la ruta 60 y le bloquean el paso a los camiones de la minera La Alumbrera.
Los asambleístas de esa zona, además, pidieron que "Andalgalá sea liberada". "Si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país", agregaron.
Unas 30 personas mantenían un "bloqueo informativo" sobre la ruta 60, a la altura de Tinogasta, en el mismo escenario donde, la policía había usado gases lacrimógenos, perros y balas de goma para desalojar a los manifestantes (incluidos mujeres y niños) que protestaban contra la minera Bajo La Alumbrera.
El saldo del enfrentamiento fue de 24 heridos.
El "bloqueo informativo" consiste en la entrega de folletos a las personas que transitaban por la ruta, con información sobre los riesgos ambientales de la megaminería y el uso de agua en los yacimientos. No se permitió el paso a vehículos vinculados con las empresas mineras.
Vecinos coincidieron en destacar el "ambiente caldeado" en el corte tras la represión policial, que se produjo mientras estaba en la provincia el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
"Acá no hay barrabravas ni violentos, nos conocemos todos, pero hay gente que quedó muy enojada, difícil de controlar", indicó el docente Juan Roger, miembro de la Asamblea de Autoconvocados de Tinogasta.
"Tienen que entender que genera mucha impotencia cuando ves que vos y tus hijos están en peligro. Nos consideran población sacrificable. Te hace estallar", explicó.
Fuente: Agencias de noticias
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