Marcha Nacional contra la Ley AntiTerrorista

NO A LA REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES Y POPULARES;
EXIJAMOS LA DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA.

Antecedentes

En el año 2007 el Congreso Nacional sancionó la ley 26.268 que incorporó al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater, que tipificaban como delito la “asociación ilícita terrorista” y el “financiamiento del terrorismo”. Ya en esa oportunidad se trataba de una ley con poca precisión y definición específica, que dejaba un camino sin obstáculos a la libre interpretación de los jueces y al establecimiento de penas que podrían ir desde los 5 a los 20 años de prisión. Esta ley, vigente en la actualidad, faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de “terrorista” a cualquiera, sin que sea requisito que se comentan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). A partir de la vigencia de esta ley, cualquier organización social, política, estudiantil, sindical, etc. que simplemente intente reclamar ante el Estado o algún organismo internacional puede ser acusada de terrorista y ser sancionada con penas altísimas.

¿Qué incorpora la nueva legislación?

El nuevo proyecto de ley aprobado finalmente por el Congreso de la Nación en diciembre del 2011, denominado “Sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista” modificó el código penal estableciendo una legislación que, bajo el manto de la pretendida lucha "antiterrorista", tiene mayores alcances que la sancionada en el 2007, y fundamentalmente, convierte directamente en un crimen pasible de sanción penal cualquier tipo de protesta social, facilitando al poder judicial la aplicación de penas durísimas a cualquier organización o individuo que cuestione determinadas medidas del gobierno o se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales.

En la nueva legislación se califica como “terrorista” cualquier “delito” que tenga “la finalidad de generar terror en la población”, duplicando los mínimos y los máximos de las escalas penales y no sólo será aplicable a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización (por ejemplo: vecinos que cortan una calle en reclamo por falta de luz o una inundación, los jubilados que exigen aumentos, los estudiantes que reclaman una mejor educación).

Además de convertir en un criminal a cualquier ciudadano que protesta y exige sus derechos, la ley agrega que cualquier tipo de colaboración económica con cualquier organización o persona que haya cometido “delitos terroristas” dentro o fuera del país, será penado bajo la figura de “financiación terrorista”. Algunos ejemplos de ello pueden ser la realización del fondo de huelga a los trabajadores de Kraft o la Caravana solidaria que se realizó en apoyo a los docentes de ADOSAC, o algo tan simple como donar 5 pesos a Greenpeace, organización que exige el fin de la megaminería. De hecho, esta ley ya se está aplicando a los vecinos que en Catamarca y La Rioja son perseguidos y detenidos por defender su derecho a un medio ambiente sano, derecho establecido no sólo de nuestra Constitución Nacional sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

Si bien frente a los reclamos de varios organismos de DDHH y de personalidades de la cultura y la educación, se ha hecho un agregado en el proyecto de ley que aclara que estas medidas no se aplicarán sobre la protesta social en los casos en los que se “esté haciendo ejercicio de un derecho legítimo”, dicha especificación continúa siendo ambigua ya que deja a libre interpretación de los jueces de turno qué protestas se exceptuarán. Es decir, los mismos jueces que, entre otros hechos escandalosos, amparan a los grandes criminales que hacen millones con la trata de mujeres y absuelven a los policías que asesinan jóvenes con el "gatillo fácil", mientras encarcelan a los pobres y mantienen procesados a miles de luchadores sociales, serán quienes decidan qué derechos vamos a poder defender legítimamente y cuáles no.

¿Una ley al servicio de quién?

Al igual que la Doctrina de Seguridad Nacional que, elaborada por los Estados Unidos en la década de 1960, fue usada por las dictaduras latinoamericanas para luchar contra "el enemgio interno", considerando terrorista a cualquiera que discrepara con los valores "occidentales y cristianos" de la dictadura de Onganía por ejemplo; esta ley fue promovida por el Departamento de Estado norteamericano a través del GAFI (Grupo de Acción Financiera).

Ante las protestas sociales que crecen a nivel mundial de la mano de la crisis económica, y que tienen como epicentro a la propia Europa y EEUU, el gendarme mundial busca garantizar su hegemonía política, económica y militar y promueve un "orden" que permita recuperar las ganancias empresarias.

¿Qué orden se busca garantizar en nuestro país? ¿Qué expresiones habría de "terrorismo"?

Esta reforma penal que legitima la criminalización de la protesta no constituye un hecho aislado.

En los últimos ocho años la criminalización de la protesta ha aumentado exponencialmente. La cantidad de compañeros y compañeras asesinados durante jornadas de protesta entre 2003 y 2011 no queda muy atrás de la ocurrida en los gobiernos de Menem y de Duhalde. Actualmente hay más de 5.000 causas judiciales en Argentina contra luchadores populares, cuyo delito ha sido reclamar condiciones dignas de trabajo, vivienda, salud, educación, un medio ambiente sano... Todos derechos fundamentales de los seres humanos. Además, en los últimos años, a las fuerzas armadas del estado se han sumado distintos grupos parapoliciales o patotas que ejercen la represión directa allí donde el pueblo reclama y se organiza para luchar: Mariano Ferreyra, los trabajadores de Kraft, la comunidad Qom en Formosa, los vecinos del Indoamericano, los docentes de ADOSAC, las familias pobres de Jujuy que fueron baleadas por tomar tierras, los jóvenes de Lugano que son golpeados por la Gendarmería que dice garantizar la "seguridad", los pueblos de Catamarca y Tucumán que luchan contra la megaminerías, son solo algunos ejemplos de cómo el pueblo trabajador es atacado por un sistema político y judicial que garantiza los privilegios de unos pocos frente a las necesidades de la mayoría.

En síntesis, esta nueva ley, cuyo objetivo es paralizar la lucha social a través del miedo a ser encarcelado, del "terror" a ser perseguido (con el Código Penal en la mano como dijo Aníbal Fernández) que busca impedir que nos organicemos y salgamos a las calles a luchar por nuestros derechos, promueve la criminalización de la protesta y avanza en la militarización para “combatir la inseguridad”, en función de sus intereses de clase. Por ello, debemos unir todas nuestras fuerzas para decir NO a la Ley Antiterrorista. Porque seguiremos luchando por nuestros derechos y por construir un mundo realmente justo, afirmamos una vez más que las luchas que - todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, universitarias, etc.- día a día intentamos llevar adelante por mejores condiciones de vida, no son actos terroristas.

. DEROGACIÓN DE LA LEY "ANTITERRORISTA".
. UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SINDICALES, DE DERECHOS HUMANOS, ESTUDIANTILES Y SOCIALES.
. Ningún acto ni lucha popular es un acto terrorista
. NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA.
. LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR.
. DESPROCESAMIENTO DE LOS LUCHADORES POPULARES.

Marcha Nacional contra la Ley AntiTerrorista

La Unión de Asambleas Ciudadanos convoca a concentrarnos el miércoles 15 de febrero a las 17hs, en 9 de Julio y Avenida de Mayo, para marchar junto a otras organizaciones sociales exigiendo la derogación de la Ley Antiterrorista.

En un marco en que los compañeros y compañeras de las asambleas contra la megaminería se encuentran reclamando contra el intento de los gobiernos provinciales y nacional de continuar con la política de instalación y fomento del modelo extractivo de nuestros bienes comunes, que vienen llevando adelante las empresas transnacionales, y sabiendo que estas luchas han sido brutalmente reprimidas y criminalizadas en estas últimas semanas, pedimos la derogación de esta ley que sólo intenta consolidar en un marco legal, una política de Estado que intenta amedrentar a los luchadores sociales, acallar las voces disidentes y apagar cualquier foco de protesta.

La ley antiterrorista cristaliza un proceso de militarización que se viene dando en toda América Latina desde la década de los ‘90 y que, respondiendo a las presiones de organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), se hace eco en el Estado argentino a partir de la judicialización de hombres y mujeres que luchan en cada uno de los rincones de nuestro país.

Esta ley define como acto terrorista todo plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; organizado en redes operativas internacionales; y en el que se disponga de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio que ponga en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.

Frente a los hechos de represión y criminalización de la protesta ocurridos en los últimos meses, en las asambleas de Belén, Andalgalá, Tinogasta y Amaicha, nos preguntamos:

¿No es acaso un acto terrorista la constitución de las listas negras que las empresas Megamineras han intentado establecer en las asambleas de Famatina y Chilecito en un verdadero acto persecutorio?

¿No es un acto terrorista la presencia de infiltrados de las empresas en las asambleas, la consolidación de patotas generadas por La Alumbrera, que han generado un completo estado de sitio en Andalgalá, o el uso de sicarios que asesinan a nuestros luchadores sociales?

¿No es un acto de terrorismo el uso de las fuerzas represivas del Estado para reprimir y encarcelar a nuestros compañeros que se encuentra peleando en contra de las empresas que saquean y destruyen nuestros bienes comunes, contaminando nuestros territorios?

¿No es un acto terrorista todos y cada uno de los actos de gobierno que ratifican y justifican la violencia ejercida por las fuerzas públicas, o la acción del poder judicial que, en connivencia con los intereses de estas empresas extractivas, ordenan represión de la lucha social, criminalizan e inventan causas?

¿No es un acto terrorista contaminarnos, robar nuestros recursos y saquear nuestros territorios?

Frente a todo esto la conclusión es que son estas empresas y sus socios políticos locales, provinciales y nacionales los que propagan el odio y, usando redes operativas internacionales, ponen en peligro la vida e integridad de todos nosotros a los fines de implementar el modelo extractivo y productivo de esta etapa del capitalismo global, criminalizando, reprimiendo, militarizando y matando a quienes se oponen a entregar los territorios y las formas tradicionales de habitarlos, a la mercantilización de la naturaleza y de toda expresión de vida.

¡Derogación de la Ley Antiterrorista YA!

¡No a la criminalización de la protesta!

¡No a la criminalización de la pobreza!

¡¡¡Paren de reprimir!!!

Unión de Asambleas Ciudadanas

Fuente: Agencias de noticias

Respuesta de las Asambleas en lucha contra la Megaminería

Carta Abierta de la UAC

Unión de Asambleas Ciudadanas

Respuesta de las Asambleas en lucha contra la Megaminería

a la Señora Presidenta de la Nación


El jueves 9 de febrero, en el marco de un acto de inauguración, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se manifestó pidiendo un “debate responsable y en serio” sobre la minería en Argentina, y plantó un pseudo acto circense en el que un aparente minero ‘despolitizado’ (luego devenido en experimentado militante político) reclama el deseo de “trabajar en paz”. Este señor, llamado Armando Domínguez, es el actual presidente del Partido Justicialista de la localidad de Olavarría y secretario General del gremio que los nuclea, AOMA. Y, según sabemos, hace 25 años que no se pone un casco. Aún así, fue presentado como un obrero común que trabaja en la industria del cemento, minería de canteras, la cual no tienen nada que ver con la megaminería metalífera a cielo abierto, a la que resisten las comunidades afectadas en el norte del país.

Desde el momento de esas declaraciones, algunas agrupaciones kirchneristas no han parado de comunicar una serie de falacias que, acompañadas por el ya conocido intento maniqueista de desviar los conflictos a posturas de blanco sobre negro, no hacen más que confundir los puntos focales del conflicto contra la megaminería en nuestro país.

Dado que la lucha de nuestros compañeros y compañeras dispuestos/ as en los cortes de las provincias de Catamarca, La Rioja y Tucumán continúa más vigente que nunca, y que somos concientes que luego de la represión violenta, las amenazas no merman, nos vemos obligados a responder a esta cascada de engaños provenientes de las fuerzas oficialistas.

Las consecuencias de implementar una actividad propia del extractivismo como la contaminación del agua y del aire, los daños a la salud humana y consecuencias socioambientales (desarticulación de las economías regionales, las migraciones, o el desempleo) son cuestiones serias que no han sido consideradas por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales al momento de aceptar la instalación de estos proyectos. Las asambleas, en cambio, sí vienen teniendo ese debate serio que tanto se reclama desde hace años a través del trabajo reflexivo de los compañeros y las compañeras en los cortes, conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo, universidades y llevando adelante medidas de carácter institucional.

Es importante resaltar que se trata de verdaderas puebladas que, con sus propios cuerpos, sostienen la lucha por no ser contaminadas, negándose a brindar la licencia social a esos proyectos. Maestros, comerciantes, empleados públicos, niños y niñas, mujeres, ancianos y ancianas, estudiantes. Todos y todas se hacen presentes en esos cortes intentando que el debate serio sea dado desde todas las instancias posibles. En ningún caso, la presencia de ONGs transnacionales se encuentra detrás de aquellos que llevamos esta protesta, como están intentando instalar ante la opinión pública. Quienes resistimos al saqueo y contaminación de nuestros territorios, somos trabajadores/as, vecinos, ciudadanos, pueblos autoconvocados de modo horizontal y asambleario.

Con hechos como la implementación de la ley antiterrorista, en diciembre de 2011, y las acciones concretas de represión de las manifestaciones pacíficas en cada uno de los cortes realizados, el gobierno nacional no sólo demuestra una connivencia con los poderes locales y provinciales, con intereses mineros, sino que además muestra una iniciativa activa en el intento de acallar las posibles voces divergentes y las luchas sociales que buscan plantear un modelo de país más inclusivo y sostenible para sus habitantes, una sociedad donde los bienes comunes estén a disposición de una vida digna, saludable y sin explotación. La criminalización de la protesta social se viene llevando adelante no sólo de manera mediática (etiquetando a nuestros luchadores sociales con motes de ‘extremistas’ o ‘irreflexivos’), sino también abriendo causas judiciales por delitos inexistentes, encarcelando a compañeros/as con delitos dibujados y reprimiendo con saña a mujeres, niños y hombres que se encuentran defendiendo los Bienes Comunes (mal llamados recursos naturales), que son patrimonio de todos y todas.

Estas luchas no comenzaron en el momento en que Clarín las mostró. Fueron los medios de comunicación alternativos quienes durante años las han mostrado y difundido. Los medios masivos sólo han caído, tal que paracaidistas, a mostrar un conflicto que, ya madurado, se encuentra en el momento de respuesta más agresiva por parte del gobierno. Es en este marco que los intentos de la política oficialista por transformar este debate serio sobre la megamineria, en una burda opereta que tendría como principales actores al gobierno y los grandes grupos mediáticos (que aparentemente inventan las imágenes de represión para “desgastar al gobierno nacional”) caen rápidamente cuando observamos la realidad de los hechos. Más allá del oportunismo político de ciertos medios, más allá del sensacionalismo de ciertas coberturas que terminan banalizando nuestras luchas, las mismas son genuinas resistencias populares de larga data; expresan el carácter crítico de poblaciones enteras que se ven amenazadas por el saqueo de sus fuentes de agua, sus tierras y sus medios de vida, en un escenario de grandes asimetrías, donde el poder financiero de las corporaciones encuentra como aliados el clientelismo, la corrupción y la fuerza represiva del Estado en manos de gobiernos que han decidido gobernar para aquellas y donde las empresas periodísticas locales, usualmente funcionan como apéndice del aparato propagandístico de las mineras.

Señora Presidenta, no es serio llamar al debate cuando el oficialismo ha vetado sistemáticamente el funcionamiento de las comisiones de minería en el Congreso de la Nación, en el que ‘yacen’ sin pena ni gloria un sinnúmero de iniciativas legislativas para modificar el actual régimen minero. No es serio asumir la defensa del actual régimen de minería transnacional a gran escala, monopolizada por grandes corporaciones extranjeras, exclusivamente orientadas a la exportación de materias primas sin procesamiento, con gravosos costos ecológicos, en nombre de un ‘proyecto nacional y popular’. No es serio, desde ese posicionamiento político-ideológico, sostener un régimen legal que expresa lo más rancio del consenso de Washington y el neoliberalismo de guerra impuesto por el Banco Mundial en toda América Latina en los ’90, acá aplicado a rajatabla por el Menemato; no es serio hablar de ‘postneoliberalismo’ cuando se da continuidad y se profundizan las increíbles prebendas que la legislación del menemismo (Ley 24.196 y correlativas) le otorgan a las grandes transnacionales mineras, hoy usufructuarias del agua y los minerales de nuestra cordillera. Señora Presidenta, no es serio hablar de ‘políticas de inclusión social’ desde un modelo minero-extractivista con nulo impacto en el empleo y efectos negativos en la matriz energética y productiva del país. No es serio asumir la defensa de una ‘economía de enclave’ en nombre de la ‘industrialización’. No es serio apelar irresponsablemente a sentimientos nacionalistas para embanderar la defensa de la soberanía y usarla en contra de quienes estamos también luchando contra las nuevas modalidades del colonialismo. En su discurso sobre Malvinas Ud. plantea que jamás escuchó “a ninguna ONG ni organización ambientalista hacer críticas al Reino Unido por lo que se está haciendo en las Malvinas”. A nosotros nos llama muchísimo la atención que no haya nunca escuchado todo lo que hacemos contra la depredación por parte de la petroleras, sojeras y mineras, todas transnacionales, en el territorio nacional dentro del continente. Hemos denunciado que varias de las grandes corporaciones mineras que operan en nuestra cordillera forman parte de los mismos holdings empresariales que hacen exploración petrolera en Malvinas con la licencia de Gran Bretaña. Estamos reclamando la urgente restitución de nuestra soberanía energética, alimentaria e hídrica, hoy erosionadas y amenazadas en manos de grandes corporaciones transnacionales usufructuarias en última instancia del extractivismo petrolero, sojero, minero.

Tampoco es serio convocar al diálogo cuando de antemano se nos estigmatiza y se descalifica como interlocutores acusándonos a priori de ‘ignorantes’, ‘fundamentalistas’, o ‘pseudo-ambientalistas’ que obedeceríamos a otros intereses.

se nos acusa de fundamentalistas porque decimos ‘NO’, pero no decimos ‘NO PORQUE NO’. Tampoco le decimos ‘No’ a toda actividad minera, sino a una modalidad específica de explotaciones: los mega-proyectos de minería transnacional a gran escala y extranjerizante. No somos fundamentalistas; tenemos fundamentos, que es distinto. fundamentalismo es decir ‘sí o sí’; es imponer este tipo de explotaciones a toda costa y a como dé lugar, aún apelando al uso de la violencia, del soborno, la cooptación, el clientelismo y la represión. eso es fundamentalismo minero. es cerrar los ojos a la realidad de las consecuencias de este modelo y cerrar los canales de diálogo para con la propia población.

Es por todo esto que, vemos la actitud de la señora presidenta como una burla a los pueblos que decimos NO a la megaminería contaminante y saqueante.

Sí, estamos de acuerdo. Aunque no haya sido serio su llamado inicial, necesitamos ABRIR UN PROFUNDO Y SERIO DEBATE, AMPLIO Y DEMOCRÁTICO SOBRE LA ‘CUESTIÓN MINERA’ CON TODO EL PUEBLO ARGENTINO. NECESITAMOS DISCUTIR QUÉ MINERÍA QUEREMOS, QUÉ MINERÍA NECESITAMOS, QUÉ MINERÍA ES POSIBLE. PERO ANTES, ES IMPERIOSO PARAR LA SANGRÍA ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y POLÍTICA QUE SIGNIFICA EL ACTUAL RÉGIMEN MINERO. ES URGENTE SU MODIFICACIÓN.

Urge recuperar la Soberanía sobre nuestro territorio, sobre nuestros cerros, nuestras fuentes de agua y nuestros bienes ambientales no renovables. Urge recuperar la soberanía sobre el Estado y las instituciones de gobierno, hoy completamente colonizadas por las grandes corporaciones mineras. Urge parar la depredación y la represión como ‘política de estado’.

La lucha de las asambleas ha sido fruto de la colaboración, el trabajo, la reflexión y el esfuerzo de muchos hombres y muchas mujeres que, concientes del peligro que implica la presencia de estas megamineras transnacionales en sus territorios, han generado formas para defender lo más preciado que tenemos: nuestras tierras, nuestra agua y nuestra vida. Pueden intentar plantar un sinfín de mentiras. Sin embargo el espíritu de quienes luchamos sigue más fuerte que nunca, nuestra convicción de construir un mundo mejor para todos, se fortalece día a día y las ganas de seguir en las rutas, en las calles y en los oídos de la gente no merma.

¡Fuera las mineras de nuestro país!

¡Fuera las transnacionales de todo el territorio nacional!

¡Basta de represión al pueblo que lucha!

¡No al estado de sitio en Andalgalá!

¡Ni una mina más!

UAC - Unión de Asambleas Ciudadanas