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miércoles, 28 de marzo de 2012

Coca Cola explota reservas acuíferas en el planeta para su producción



Según estudio realizado en el año 2004, la compañía de refrescos Coca Cola, utilizó 283 mil millones de litros de agua, cantidad que daría de beber a personas en el mundo por 10 días, o atender a poblaciones en el planeta que no tienen acceso al agua.

Para 2007, Coca Cola utilizó 4.8 millones de litros cúbicos de agua diarios. Por cada litro de coca cola que se produce, se explota 175 litros de agua.

Las bebidas cola contienen elevados niveles de azúcar (10 cucharadas, la recomendada para un día), cafeína y ácidos fosfóricos nocivos para la salud, produciendo cáncer, diabetes y hasta problemas cardiacos.

Coca cola no solo vulnera la salud y el medio ambiente, sino que enfrenta serias denuncias por la represión sindical en Colombia y asesinato de trabajadores que han exigido sus derechos.

En el 2009 había 470 sindicalistas asesinados desde el 2002.

La jornada laboral en esta empresa es de 15 horas por salarios míseros sin prestaciones sociales.

Por cada presidente que inventa una guerra hay una refresquera que financia su campaña. En Chiapas a un indígena le cortan el agua por adeudar 50 pesos, mientras Coca Cola explota los acuíferos sin restricciones. Un litro de agua embotellada tiene un precio de 180 veces más que un litro de agua de grifo.


Fuente: Colectivo Minka

martes, 27 de marzo de 2012

32 años del asesinato de Óscar Arnulfo Romero



Óscar Arnulfo Romero fue un sacerdote católico que se volvió célebre por su predicación en defensa de los derechos humanos y murió asesinado en el ejercicio de su ministerio pastoral.

Como arzobispo, denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó públicamente su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país.

A finales de los setenta, la guerra civil de baja intensidad que se vive en el Salvador se acentúa. Los enfrentamientos entre fuerzas de izquierdas y el gobierno (que es apoyado económicamente por EE.UU.) se hacen cada vez más frecuentes. Por esta situación, Monseñor viaja a Roma en 1980 para conocer al nuevo Papa, Juan Pablo II, allí le transmite su preocupación por lo que esta sucediendo en el país. Juan Pablo II le reprocha su cercanía a las ideas “marxistas” de la Teología de la Liberación.

En febrero de este mismo año, 1980, también reclama al presidente Estadounidenses (Jimmy Carter) que termine con la ayuda que ofrece al gobierno Salvadoreño y le obligue abandonar el sistema de represión que esta aplicando al pueblo.

Los sectores de ultraderecha y ultra conservadores del país empiezan a amenazar de muerte a religiosos y al propio Romero por sus acciones.

El 24 de marzo de 1980 un desconocido le disparó al corazón desde un vehículo estacionado frente a la entrada principal de la capilla de un hospital para enfermos de cáncer terminal, donde el religioso realizaba una misa. Nadie ha sido procesado por el asesinato.



Fuente: http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/salvadorenos-recuerdan-a-monsenor-romero,3269399655646310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Romero
http://enciclopedia.elgrancapitan.org/index.php/Oscar_Arnulfo_Romero

lunes, 26 de marzo de 2012

24 de marzo. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia



El 24 de marzo de 1976 comienza en el país una dictadura de más de siete años que se cobró la vida de 30.000 personas y desmanteló el aparato productivo del país. A continuación, reproducimos la proclama del 24 de marzo de quienes encabezaron el golpe.

El golpe de Estado cívico-militar del 76 derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instauró una dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 a través de una Junta Militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). Se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional” y es por eso que suele ser referida simplemente como "el Proceso".

Los golpistas tomaron al poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras.

La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional.

El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a decenas de miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Otro perverso mecanismo implementado fue el de la apropiación de los bebés de madres en cautiverio por parte de la misma estructura militar. De esos más de 500 niños apropiados, casi 100 ya han recobrado su verdadera identidad gracias a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo.

La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%.

En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.

Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.


Fuente: http://www.argentina.ar/_es/pais/personalidades/C3361-24-de-marzo-dia-nacional-de-la-memoria-por-la-verdad-y-la-justicia.php

miércoles, 21 de marzo de 2012

A 37 años de la "Masacre de Pasco"


El 21 de marzo de 1975 ocurrió la "Masacre de Pasco", en el límite entre Lomas de Zamora y Almirante Brown, en el sur del conurbano bonaerense. El secuestro a lo largo de la avenida Pasco de siete militantes populares, el fusilamiento y voladura con dinamita de sus cuerpos y el fusilamiento de la única mujer del grupo son los hechos que "ni aislados ni azarosos, sino una tecnología represiva, racional y centralizada buscaban desmovilizar, resquebrajar los lazos solidarios, paralizar los movimientos barriales, sociales exterminando a quienes articulaban la organización territorial".


LOS FUSILADOS DE TEMPERLEY: "LA MASACRE DE PASCO"

Era la noche de un viernes, quizás los vecinos de Jose Marmol estaban cenando o ya acostados, quizá expectantes a la pelea que en esa noche protagonizaría el Gringo Bonavena, todo era silencio aquella noche en un país que había perdido la tranquilidad cuando estrepitosamente una explosión hizo añicos los vidrios de las ventanas, inmediatamente al salir de sus casas los vecinos contemplaron el escenario dantesco, pedazos de cuerpos yacían por todas partes, por los techos, por las calles, uno de los cadáveres volado por los aires había roto el cableado eléctrico poniendo a oscuras el barrio, la escena presagiaba la encarnizada represión que vendría con el golpe de marzo del 76, el baldío de las calles Sánchez y Santiago del Estero fue el lugar elegido donde las patotas de las triple A dinamitaron a los nueve militantes dejando una bandera escrita con aerosol “fuimos Montoneros fuimos del ERP”, la idea, infundir miedo en los barrios de zona sur que se organizaban.

La masacre ocurre un 21 de marzo de 1975 durante el gobierno de Isabel Martinez, unos meses luego el movimiento popular daba su golpe mas enérgico, tiraba abajo el “Rodrigazo” con una amenazante forma organizativa.

Lo cierto que ese día unos 16 autos y hasta un colectivo participaron del secuestro de los militantes que fueron previamente fusilados en un baldío en Temperley sobre la avenida Pasco.

Entre los fusilados había un militante de la JP que era concejal por Lomas de Zamora, Hector Lencina, de la tendencia revolucionaria. Por otro lado el joven Eduardo Duhalde era el intendente de aquellos años en alianza con la burocracia de la UOM y las tres A, esto publicaba en aquellos tiempos “El Caudillo” órgano de las tres A: “Eduardo Duhalde tiene la oportunidad de revertir el proceso de anarquía, corrupción y marxistizacion, imponiendo a su gestión una política peronista. Los peronistas y el pueblo todo de Lomas de Zamora, mantienen una esperanzada expectativa.”

Hoy se cumplen 37 años del asesinato de Héctor Flores, Aníbal Benítez, Héctor Lencina, Germán Gómez y los hermanos Alfredo y Eduardo Díaz, Omar Cafferata, Gladis Martínez, Rubén Bagnani




Fuente: http://www.anred.org/article.php3?id_article=4881

lunes, 19 de marzo de 2012

Puerto Rico: 21 de marzo de 1937: Masacre de Ponce



El acto más sangriento de la historia de la represión de los sentimientos independentistas en Puerto Rico se dio el 21 de marzo de 1937, en lo que se conoce como la Masacre de Ponce.

Para conocer mejor lo que ocurrió aquel día transcribimos a continuación el relato de los hechos a cargo del escritor y poeta Juan Antonio Corretjer que publicó en un libro en Montevideo en 1969.

“Alrededor del 14 de marzo, Plinio Gracián y Luis Castro Quesada, dirigentes nacionalistas de Ponce, le notificaron al gobierno municipal que el 21 de marzo la Junta Nacionalista celebraría un mitin público, que sería precedido por un desfile. Aún en estos tormentosos días de 1937, el pueblo sentía una gran atracción por los desfiles y actos públicos del Partido Nacionalista. El alcalde de Ponce, José Tormos Diego, concedió inmediatamente el permiso. Debe señalarse que la solicitud del permiso era un mero acto de cortesía de los nacionalistas al gobierno municipal. De acuerdo a la ley, en Puerto Rico no se necesitaban permisos para celebrar desfiles o actos públicos en los parques o plazas de la isla.

El viernes 19 de marzo, el Jefe de la Policía, Coronel Orbeta, llegó a Ponce para estudiar la situación. Orbeta regresó a San Juan y conferenció con el general Winship. Allí, en aquellos momentos, se planeó y se ordenó la masacre de Ponce. Winship le ordenó a Orbeta que regresara a Ponce y convenciera (u obligara) al alcalde Tormos de que debía suspender el desfile.

El 20 de marzo, el día anterior al desfile que iba a celebrarse, el jefe de la Policía del distrito de Ponce, capitán Felipe Blanco, le escribió la siguiente carta a los dirigentes nacionalistas Luis Castro Quesada y Plinio Graciany: “Me place acusar recibo de su carta, fechada ayer a las 7:40 p.m., informándole del desfile de los Cadetes de la República y del acto que será celebrado el próximo domingo 21 de marzo, en esa ciudad de Ponce, cuyo programa he leído en la página 3 de El Mundo de ayer y que dice, en parte: 2:00 p.m.- Concentración de las Divisiones del Ejército Libertador del distrito de Ponce y pueblos limítrofes, para desfilar a lo largo de las calles de Ponce-. Deseo informarle a ustedes que, de acuerdo a las instrucciones que he recibido de mis superiores, la Policía no permitirá tal celebración y, en cumplimiento de mi deber, así se lo comunico a ustedes por medio de esta carta”.


Preparativos de la Masacre

El 21 de marzo y, durante los días que precedieron a la masacre, se llevó a cabo una significativa concentración de fuerzas policíacas en Ponce. Estaban bien armados: rifles, carabinas, sub-ametralladoras, bombas lacrimógenas, granadas de mano, todo esto en adición a las armas usuales: revólveres, macanas, etc. A la dotación policíaca de Ponce se sumó una fuerza adicional de 200 hombres.

El coronel Orbeta volvió a discutir la situación con el capitán Blanco. Orbeta y Blanco decidieron ir a ver al alcalde Tormos y convencerlo de que cancelara el permiso. No fue hasta después de pasado el mediodía que pudieron localizar al alcalde, quien les hizo bien claro que había concedido el permiso. El coronel Orbeta trató de impresionar al alcalde Tormos con los peligros que envolvía la celebración de dichos actos. Le dijo que él, Orbeta, tenía información de que los nacionalistas iban a venir armados y que tenía información específica de que venían grupos armados de Mayagüez. Sin embargo, luego, bajo contra-interrogatorio del Comité Investigador de la UALC, el coronel dijo que él le había dicho al alcalde que era un escándalo permitir dicho desfile y que él no contaba con información alguna, sino que cualquiera de los nacionalistas podría actuar alocadamente y lanzar piedras a las ventanas de los comercios o cometer actos desordenados. De hecho, se probó fuera de toda duda que el grupo de 50 personas que vino de Mayagüez (compuesto de hombres, mujeres y niños) estaba desarmado, al igual que los otros nacionalistas.

Después de una larga discusión, el alcalde accedió a los deseos de Orbeta. Tormos llamó inmediatamente a los dirigentes nacionalistas y les comunicó que él no se había dado cuenta de que ese era un día de fiesta religioso, Domingo de Ramos; y que los Padre Paules le habían pedido que no permitiera el desfile. Los nacionalistas sabían que Tormos mentía, pero aparentando ignorarlo, le dijeron que la gente que venía para el desfile ya se encontraba en Ponce; que el desfile se llevaría a cabo ordenadamente, en silencio, y que ellos así se lo informarían a los Padres Paules. Entonces Tormos abruptamente dio por terminada la entrevista y dijo que el permiso estaba cancelado.

Desde ese instante hasta las 3:00 p.m., se llevaron a cabo una serie de discusiones entre el coronel Orbeta y el capitán Blanco, de una parte, y los nacionalistas por la otra. Mientras los jefes de ambas partes discutían, la Policía concentraba sólidamente sus fuerzas en las calles que rodeaban el local de la Junta Nacionalista y en la esquina de las calles Marina y Aurora. Los nacionalistas entraban al local acompañados de sus hijos y esposas. Hay suficiente evidencia para probar que la Policía le decía a aquellos que no eran nacionalistas que no entraran en el área comprendida entre las calles Marina, Aurora y Jobos. Sin embargo a los nacionalistas (fáciles de reconocer, ya que muchos de ellos estaban uniformados y aquellos que vestían de civil llevaban insignias) se les permitía cruzar las líneas montadas por la Policía. Se le permitió el paso a alrededor de 80 Cadetes nacionalistas uniformados.

Poco antes de comenzar el tiroteo, el coronel Orbeta y el capitán Blanco visitaron el área. Había una gran tensión. La Policía había tomado posiciones y los nacionalistas estaban rodeados. El coronel Orbeta y el capitán Blanco se marcharon. Luego alegaron que ellos no le habían dado órdenes a la Policía. De acuerdo a las declaraciones del coronel Orbeta, él y Blanco montaron en un auto de la Policía, y se fueron a pasear por Ponce y sus alrededores, a disfrutar de las bellezas del paisaje. Orbeta y Blanco regresaron después de haber terminado el tiroteo.


La encerrona de la Policía

Alrededor de las 3:15, los Cadetes formaron fila de tres en fondo, listos para dar comienzo al desfile. Detrás de ellos estaba el Cuerpo de Enfermeras con uniformes blancos. Tras el Cuerpo de Enfermeras, la banda, que consistía de sólo cuatro músicos. Los cadetes y las enfermeras se cuadraron militarmente cuando la banda comenzó a tocar La Borinqueña.

Veamos ahora la relación de posiciones entre la Policía, los cadetes, las enfermeras y el público. La calle Marina corre de norte a sur. Primero la atraviesa la calle Luna y, un poco más arriba, la calle Aurora. En esta esquina –en la esquina de las calles Marina y Aurora- estaba el local de la Junta Nacionalista. Entonces viene la calle Jobos. Un grupo de policías se alineó en el lado este de la calle Marina, entre Luna y Aurora. En las inmediaciones de la calle Aurora, a corta distancia de Marina, estaba un nutrido grupo de policías, listo para entrar en acción. En la parte oeste de la calle Marina, frente al local de la Junta Nacionalista, ocupó posiciones otro grupo policíaco. Todos estaban armados con rifles, bombas lacrimógenas, carabinas, etc. Los Cadetes estaban parados en atención, en el lado sur de la calle Aurora.

Detrás de los nacionalistas había otro grupo de policías, armados con sub-ametralladoras Thompson. Testigos oculares y fotografías han probado que los nacionalistas estaban totalmente arriconados y atrapados –y además desarmados. Dos fotógrafos de la prensa habían tomado posiciones en el balcón de la residencia de una distinguida familia ponceña, la familia Amy. Estos fotógrafos tomaron muchas fotografías. Una de las fotos, tomadas por José Luis Conde segundos después de haber comenzado la masacre, muestra a la Policía avanzando hacia el pueblo desde el norte, o sea desde la calle Aurora. En la foto puede observarse a amplios grupos de personas –hombres, mujeres y niños-, casi todos congregados en la esquina de las calles Aurora y Marina, casi frente al local de la Junta Nacionalista. Dicha foto muestra además a los Cadetes puestos en atención, seguidos de las enfermeras y directamente detrás de ellos, al destacamento de los policías armados de sub-ametralladoras, comandado por el Jefe Pérez Segarra.

Debe recordarse que el coronel Orbeta y el capitán Blanco, quienes aparentemente esperaban que los nacionalistas llevaran a cabo una serie de actos brutales, se habían marchado para visitar puntos de interés de la ciudad. El capitán Blanco, luego declaró que nadie quedó en comando de la fuerza policíaca y que los jefes auxiliares Soldevilla, Bernal y Pérez Segarra –cada uno al mando de un grupo separado de policías- no habían recibido ningún tipo de instrucciones.

Los Cadetes estaban completamente rodeados, sin oportunidad alguna para escapar. Por la forma en que estaban organizadas sus fuerzas, queda claro que la Policía tenía sólo un fin. Y ese fin no era, simplemente, impedir el desfile de los Cadetes o disolver un motín. La táctica clásica para dispersar una multitud y disolver un motín, es darle a esos sobre los que se carga una oportunidad para que se dispersen. Esa oportunidad les fue deliberadamente negada a los nacionalistas puertorriqueños la tarde del 21 de marzo de 1937. El propósito era amedrentar a todo el pueblo de Puerto Rico con un despliegue brutal de crueldad: una masacre.


Informe a la Unión Americana de Libertades Civiles

En una situación como ésta, cualquiera puede disparar el primer tiro. Y cada bando, como es natural, alegará haber sido víctima del primer disparo. Sin embargo, Arthur Garfield Hays –quien investigó la masacre- escribió lo siguiente en su informe a al Unión Americana de Libertades Civiles: “Carlos Torres Morales, un fotógrafo de El Imparcial, enterado de la actitud amenazante de la Policía, llevó la cámara a sus ojos. Antes de que él pudiera enfocar, sonó un disparo, quizás dos; no está seguro. Pero tomó la foto. En esta foto podemos ver prácticamente a todos los policías que se encontraban en las calles Aurora y Marina (quizás 17 o 18) listos para disparar contra la gente. Todos ellos tenían armas en sus manos. También vemos a un policía en los momentos en que dispara su revolver. Aunque hemos hecho uso de testimonios de expertos, es realmente innecesario, ya que el policía que dispara aparece con la parte superior de su brazo apuntando sobre la multitud que huye. Su antebrazo está oculto por otra persona, pero de acuerdo con la dirección de su brazo y tras la otra persona que está allí, hay una nube blanca y el humo del disparo. El disparo es hecho directamente a la gente que está en la acera. El policía que dispara puede verse con toda claridad.

Este Comité no ha podido comprender por qué este policía y los otros agentes le disparaban a la multitud y no a los Cadetes, excepto que ellos quisieran despejar del frente de la Junta Nacionalista a la gente que estaba parada en la acera y en los alrededores. O quizás el fin era atemorizarlos. Nosotros no estamos diciendo que esta foto muestra el primer disparo. De hecho, el testimonio de otro testigo identifica precisamente a otro policía como el que hizo el primer disparo.

Nosotros no hemos podido comprender por qué el gobierno no ha hecho uso de estas fotografías, las cuales han sido extensamente publicadas. Estas fotos muestran a la Policía en acción. Muestran a un número de 50 a 70 Cadetes Nacionalistas parados en silencio e inmóviles, con sus manos suspendidas a los lados. Cerca de ellos está un niño, con camisa negra, que tiene su brazo echado sobre el hombro de un camarada. Detrás de ellos está el abanderado de los Cadetes. Todos parecían extrañados, esperando pacientemente a que las tragedia les golpeara. Ninguno se ve listo para correr, ni siquiera para moverse. Detrás de ellos están las muchachas, vestidas de blanco, algunas de ellas se alejan corriendo. Una de ellas casi ha llegado a la acera. Esto en sí mismo corrobora la declaración del fotógrafo de que él tomó la foto inmediatamente después de que empezara el tiroteo. Detrás de la banda está un pelotón de la Policía, unos quince hombres, armados con sub-ametralladoras y rifles. Nacionalistas y no nacionalistas fueron asesinados”.


Relato de la tragedia

La Policía enloqueció al sonar el primer disparo. Descargas cerradas cayeron desde todos los lados sobre los Cadetes y el público en general. Durante unos diez minutos fueron sometidos a un fuego cruzado. Cuando la última descarga hubo producido su efecto, 21 personas quedaron muertas sobre el pavimento. Más de 150 fueron heridas. Otro niño murión en un hospital cercano; algunos quedaron mutilados de por vida.

Esa media hora que antecedió al tiroteo y esos criminales diez minutos de los asesinatos han pasado a la historia como un ejemplo insuperado de la serenidad y el coraje de un pueblo bajo fuego. Bolívar Márquez, un cadete, cayó mortalmente herido; arrastró su cuerpo hasta la acera y en la pared de una casa escribió con su sangre “Viva la República, Abajo los asesinos”.

Carmen Fernández, de 35 años de edad, vio cuando mataron al abanderado. Al tratar ella de tomar la bandera, recibió una descarga de carabina. Cayó, gravemente herida. Dominga Cruz Becerril, una señora de Mayagüez, ya se encontraba a cubierto, cuando vio caer la bandera sobre el pavimento. Salió de su refugio y corrió hacia la bandera, la levantó, la ondeó y luego corrió con ella hacia el Hospital Pila. No resultó herida. Cuando le preguntaron por qué había hecho lo que hizo, ella, serenamente, respondió: “El Maestro nos ha dicho que la bandera siempre debe estar en alto” (El Maestro era Pedro Albizu).

El policía Genaro Lugo no se quedó en el lugar después de que vió el asesinato de una niña. Al alejarse corriendo, vio cómo el pelotón de policías que portaban sub-ametralladoras, comandado por el Jefe Pérez Segarra, disparaba contra el público aterrorizado.

Los Rodríguez estaban parados frente a una zapatería, en el lado sur de la calle Jobos. Rafael, de 18 años de edad, acababa de tomar dos fotografías con su pequeña cámara. En los momentos en que se preparaba para tomar otra instantánea, comenzó el tiroteo. Se tiraron al piso para protegerse. Hubo allí una descarga general. Oyó a su hermano decir “Ay” y vio a su padre levantarse inmediatamente para proteger a su hijo. Advirtió que su padre sangraba por la cabeza. Había sido mortalmente herido. Murió en cuestión de segundos. Su hermano también. Rafael mismo fue herido. Dos policías lo recogieron un cuarto de hora después. Lo tiraron como un fardo en un vehículo policíaco.

Un hombre joven iba hacia abajo por la calle Jobos. De momento, vio que un policía venía hacia él. El hombre estaba por lo menos a una distancia de 50 pies del centro del tiroteo. Al ver el crimen reflejado en el rostro del policía y que éste venía revolver en mano, gritó “Yo no soy nacionalista, yo soy de la Guardia Nacional. Yo soy...” hasta que la muerte lo silenció para siempre. Era verdaderamente un Guardia Nacional. Esa misma mañana había hecho sus ejercicios en la explanada El Castillo, a unos 100 metros del lugar donde fue asesinado. Se llamaba José Delgado y tenía 20 años.

Un caballero de la alta sociedad, don Luis Sánchez Frasqueri vio cómo iban a matar a un hombre y gritó “No lo maten”. Un teniente de la Policía, al reconocer quien era él y no estando dispuesto a que una persona tan respetada testificara en su contra, detuvo a sus hombres. El hombre, que estaba ileso, fue obligado a entrar en un camión de la Policía. Cuando el señor Sánchez Frasqueri volvió a ver a este hombre, estaba todo envuelto en vendajes. El hombre le dijo que la Policía lo había golpeado brutalmente, primero en el camión y luego en el cuartel.

Un vendedor de frutas estaba parado al lado del automóvil del Dr. Sánchez Frasqueri, a más de 75 yardas del local de la Junta Nacionalista. Un policía vio al vendedor, regresó y le abrió la cabeza de un macanazo. Eso también fue parte de la declaración de Sánchez Frasqueri. A esa misma distancia de la Junta Nacionalista vio un cadáver. Su cuerpo estaba lleno de agujeros. En su agonía, el hombre había tratado de escribir la palabra “valor”, pero sólo vivió para escribir VAL”.


Nunca se hizo justicia

El Comité Investigador de los sucesos dictaminó que realmente se había actuado de forma injustificada por lo que los responsables policíacos de estas actuaciones fueron suspendidos de sus cargos, pero nunca se hizo realmente justicia ya que éstos no sufrieron ningún tipo de prisión ni los familiares de las víctimas recibieron compensación alguna. El general Winship, gobernador norteamericano de Puerto Rico, y quien ordenó directamente la Masacre de Ponce, salió impune y todavía gobernó durante dos años más la isla.



Fuente: www.proyectosalonhogar.com

viernes, 16 de marzo de 2012

Mineria: Piden clausurar mina Caballo Blanco por violar leyes

Dan a conocer un resumen de los argumentos técnicos ambientales y jurídicos para pedir la clausura del proyecto de la minera canadiense GoldGroup Mining en los municipios de Alto Lucero y Actopan.

Es necesaria la suspensión inmediata de las obras de exploración, la clausura de la mina Caballo Blanco y la anulación de la autorización de impacto ambiental en la modalidad de exploración (MIA de socavones) que emitió la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) delegación Veracruz (cuyo titular es Manuel Molina Martínez), expresaron integrantes de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida) al presentar en las oficinas de Profepa en Xalapa, la ampliación, con elementos de prueba como fotografías y videos, de una denuncia popular presentada a principios de febrero de 2012 en las oficinas de Profepa en la Ciudad de México y de la cual no han recibido respuesta.

Después de una conferencia de prensa en el café Tierra Luna sobre los proyectos de presas en Veracruz, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida, dieron a conocer un resumen de los argumentos técnicos ambientales y jurídicos para pedir la clausura del proyecto de la minera canadiense GoldGroup Mining en los municipios de Alto Lucero y Actopan.

Con una manifestación, pancartas de “No a la mina Caballo Blanco”, gritos de “¡El pueblo indignado exige al delegado!”, protestaron afuera de las oficinas de la Profepa, donde entregaron la ampliación de la denuncia pero no fueron atendidos por el delegado de Profepa José Eduardo Silva Bolio.

Los denunciantes explicaron que la minera transnacional presentó un estudio de Impacto Ambiental (MIA de socavones) para sus actividades de exploración. En respuesta, la Semarnat emitió un resolutivo condicionado (en el sitio web de Semarnat, en Consulta tu trámite, bajo el número 30VE2010MD132) que le permitió ciertas actividades.

Sin embargo, expresan los demandantes, la empresa ha incurrido en violaciones flagrantes tanto a ese resolutivo como a leyes y normas aplicables. (Un resumen en video de estas violaciones a la ley en el video publicado abajo).

Normas como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento en materia de impacto ambiental, así como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento.

Los principales hechos que denunciaron ante la Profepa, y de los cuales entregaron nuevas evidencias a la delegación Veracruz, son:
La apertura de caminos y estanques, afectando la capa forestal. Denuncian que la empresa omitió en su MIA la apertura de caminos y “declararon falsamente ante la Semarnat que utilizarían los caminos preexistentes”.

Pero la minera está metiendo maquinaria pesada y vehículos y de hecho la empresa, en reunión pública en Alto Lucero, reconoció que ha abierto nuevos caminos. Lo cual también puede verse en Google Earth (2005, 2010 y 2011) en donde las imágenes dan prueba de la deforestación bajo el dominio y operación de la GoldGroup.

Además, la MIA de Socavones omitió informar de la instalación de tanques de agua desde donde se bombea para el funcionamiento de barrenos, que tampoco fueron declarados en el documento.

Expresan los denunciantes que “la empresa dolosamente omitió declararlos pues ello implicaría una serie de trámites en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), autoridades forestales y la Semarnat para solicitar el cambio de uso de suelo pues su instalación está afectando la capa vegetal”.

La empresa viola así el resolutivo de la Semarnat que dice: “La realización de obras y actividades que no estén contempladas en la resolución así como realizar obras adicionales que no estén contempladas en el proyecto”.

Otro hecho denunciado es la generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera”. Porque el uso de barrenos ha implicado el uso de de barrenos de diamante, que generan residuos líquidos, además de usar sustancias que la empresa nunca declaró que generaría y usaría. Usan agua y bentonita, como lubricante y estabilizador, formando lodos de perforación, sustancias que no declaró la empresa, ni está usando un manejo adecuado y debida disposición final de las mismas.

Asimismo denuncian daños a especies de flora bajo protección y atentado al equilibrio ecológico. Se trata de especies con ejemplares de hasta tres mil años de antigüedad de las especies Cycada Dioon Edule, endémica y en peligro de extinción, y Zamia Loddigesii, no endémica y amenazada, ambas en la NOM059-SEMARNAT-2010.

Han derribado ejemplares y les han dado un manejo inadecuado. Han trasladado o transplantado cícadas sin seguir los protocolos técnicos ni observar las disposiciones legales del caso. Han violado la ley que les pide una MIA para el traslado de cícadas y el resolutivo citado de la Semarnat que se los prohibe.

También denuncian que no han tramitado debidamente el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ya que la zona afectada es forestal, una sierra que tiene bosques y selvas. La empresa requería de una serie de permisos antes de afectarlos, por lo que sus actividades actuales están fuera de la ley.

No presentó un MIA para cambio de uso de suelo ante la Semarnat. No solicitó el cambio de uso se suelo forestal y no obtuvo la opinión favorable del Consejo Forestal Estatal. La autoridad competente es la Semarnat, con el apoyo del Consejo Forestal Estatal y no los presidentes municipales, quienes solamente pueden dar licencias de construcción después de verificar que cuenten con la aprobación de la MIA de Semarnat, lo que no es el caso.

Ante estas violaciones legales, los denunciantes entregaron pruebas de los hechos y con base en ellos y en las leyes correspondientes piden “la suspensión inmediata de las obras y actividades de exploración de la empresa so pena de que la propia Profepa pueda incurrir en responsabilidad por omisión y por encubrimiento.”

Además exigen la “anulación de la autorización de la MIA que emitió toda vez que la empresa violó el propio resolutivo. También debe dar parte al Ministerio Público federal porque la empresa y sus asesores han incurrido en la comisión de delitos federales al simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental federal.”

Entregaron la ampliación de la denuncia popular en la delegación de Profepa, donde pedían ser atendidos por el delegado. pero no fueron recibidos porque “estaba en una reunión”.

A continuacion el video "Proyecto Minero Caballo Blanco viola la ley".






(Haga click en la imagen para aumentar)



Fuente: http://www.vanguardia.com.mx/pidenclausurarminacaballoblancoporviolarleyes-1240040.html

martes, 13 de marzo de 2012

Género: Un derecho que ahora alcanza el supremo respaldo


El máximo tribunal firmará hoy una sentencia en la que busca terminar con la polémica en torno de los abortos no punibles. Según pudo saber este diario, los jueces harán hincapié en que ese tipo de casos no deben ser judicializados.


La Corte Suprema está a punto de dar un paso fundamental en la discusión que rodea al aborto: se dispone a firmar hoy un fallo que apunta a dejar en claro que cualquier mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo que es producto de una violación y que no requiere ninguna autorización judicial para eso. Todo indica que el tribunal dirá que esa posibilidad no se limita a las mujeres que sufren una discapacidad mental y que no cabe otra interpretación del Código Penal. Esa es una de las tantas excusas –basadas en una lectura restrictiva de la ley– con que se obstaculizan o rechazan los pedidos para detener la gestación tras una situación de abuso sexual. Los jueces supremos vienen hace meses trabajando en esta sentencia que, según anticipan sus allegados, promete dejar un fuerte mensaje tanto para los médicos y hospitales, que a menudo se niegan a practicar abortos no punibles sin un expreso aval judicial, como para los jueces, que suman escollos con resoluciones que ponen en duda las excepciones legales que permiten abortar.

Los últimos años ofrecen una larga lista de mujeres, muchas de ellas niñas y adolescentes, que se vieron enredadas en un laberinto judicial ante la negativa de las instituciones públicas de salud a realizarles un aborto no punible. En una de esas historias se basará la Corte Suprema. Es la de A. G., una chica de Comodoro Rivadavia que tenía 15 años cuando denunció que fue violada por su padrastro, un suboficial de la policía de Chubut. En primera instancia, una jueza de familia había rechazado autorizar la interrupción del embarazo con el argumento de defender la vida del feto, decisión que fue confirmada por mayoría de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. En marzo de 2010, la Corte Suprema de Chubut revirtió ese criterio en forma contundente y sostuvo que se trataba sin duda de uno de los casos de aborto que habilita el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal. “La interpretación restrictiva” de ese inciso, dijo el tribunal chubutense, “implica atribuir a las mujeres actos heroicos que el derecho no puede imponer”. Aquel fallo encomendaba que el hospital regional u otro centro de salud realizaran la intervención cuanto antes. Finalmente, A.G. –que sufrió una fuerte depresión tras la violación por la que quedó embarazada– pudo acceder al aborto. Un defensor oficial de menores llevó el caso a la Corte Suprema nacional, invocando el “derecho del niño por nacer”.

El máximo tribunal entendió que estaba frente a la posibilidad de aprobar una sentencia que representara un caso testigo, que zanjara las diferencias de interpretación sobre los alcances del artículo 86, que aún conserva la redacción de cuando se aprobó el Código Penal en 1921. Lo mismo interpretó una decena de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones internacionales que trabajan en salud sexual y reproductiva, que se presentaron como amigos del tribunal (amicus curiae) para impulsar una lectura amplia de la norma. Lo que la mayoría viene advirtiendo hace años es que la judicialización sólo favorece la lógica de que quienes tienen recursos pagan una aborto seguro en forma privada y quienes no tienen terminan poniendo en peligro su vida o asumen situaciones indeseadas o dañinas para su salud física y psíquica.

El inciso 2 de aquel artículo dice que el aborto no es punible “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, afirmación que los jueces con frecuencia han optado por interpretar como que ante una violación la interrupción de la gestación sólo se le puede realizar a una mujer con discapacidad mental. Por eso, ante la duda y/o la interposición de las creencias personales, los profesionales de la salud muchas veces optan por fomentar la judicialización. Esta actitud se repite incluso ante abortos terapéuticos que el inciso 1 prevé “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”.

El fallo de la Corte estaba prácticamente terminado ayer a última hora, y según pudo saber Página/12 a través de dos importantes fuentes del tribunal, sería unánime (lo que no quita que algunos de los jueces redacten sus propios votos), a menos que haya cambios de último momento. El pronunciamiento pretende dejar sentado que la única traducción posible de la norma penal que está vigente es que ninguna mujer necesita autorización de un juez para lograr que un hospital o centro de salud le realice un aborto si quedó embarazada como resultado de una violación. Confirmará así el fallo de la Corte de Chubut y seguirá parte de su línea argumental, pudo saber este diario. Al referirse al derrotero judicial al que se empuja a mujeres que reclaman abortos contemplados por la ley, ese tribunal advirtió que “es una carga adicional” y “una vulneración de su derecho”. A los médicos les advertía que “el cumplimiento de las normas jurídicas es un deber del profesional”.

Del fallo supremo que saldría hoy se desprendería que no hace falta ninguna nueva ley para definir los abortos no punibles, pero no entrará en la discusión sobre la posibilidad de legalizar el aborto en general, una batalla que se libra en el Congreso. Aun así, la decisión suprema colabora en despejar el camino hacia la despenalización, ya que ayudará a que el debate no se distraiga o derive a modificar la tipificación de los abortos permitidos en el Código. Podría ayudar también a que se apliquen protocolos claros para la atención de abortos no punibles o que se apliquen los existentes.

En la Corte parecen haber tomado nota también de que la Argentina todavía no dio respuestas en cumplimiento del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU por el cual el Estado fue intimado, en mayo del año pasado, a “tomar medidas” para eliminar los obstáculos que impiden el acceso a los abortos contemplados por la ley. El plazo vence el mes que viene. El CDH se pronunció sobre el reclamo de la mamá de L. M. R, una adolescente de 19 años que tenía una edad mental de 10 en 2006, cuando fue violada por un familiar y quedó embarazada. La mujer pidió un aborto no punible en un hospital de San Martín, pero una jueza lo impidió. Con apoyo de organizaciones de mujeres, accedió al aborto en una clínica privada. La CDH dijo que la chica había sido víctima de una “injerencia arbitraria” del Estado.


El aborto del otro lado del mundo

A continuacion una entrevista realizada por el diario Marcha a dos periodistas suecos, Julia. (30) y Par (37), que que están hace un mes en la Argentina y otros países de América del Sur recopilando testimonios e investigando sobre el aborto clandestino. La entrevista con ellos arroja un panorama interesante para conocer en términos de legalidad del aborto.

Marcha: ¿Como es el trabajo de recopilación de testimonios que vienen haciendo, hace cuanto que vienen trabajando?

Julia: Empezamos a trabajar desde hace un mes, es un trabajo periodístico y entrevistamos no solo las mujeres que hicieron abortos, pero también políticas, abogadas, activistas, gente por la calle y gente que está en contra una legalización del aborto, como si a la vida.

Par: Pero por supuesto es importante por nuestro trabajo encontrar mujeres que hicieron abortos ilegales acá en Argentina, y también en Uruguay y en Chile. Argentina es nuestra base, pero también hacemos comparaciones de los otros países.

¿Porque eligieron el tema del aborto clandestino y porque América del sur?

Julia: Porque acá es ilegal en todas partes (en Suecia ya hace 40 años está gratuito y legal), y queremos levantar el tema fuera del continente. Para mi, era un evento personal.

Porque...Hace 4 años viajé en Sur América por la primera vez con mi hermana. Fue planeado el viaje por muchos años y íbamos a ir a Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú (y también Nueva York), y cuando llegamos en el primer país se dió cuenta mi hermana que estaba embarazada (involuntario) Y no sabíamos que era ilegal en todas partes hacer un aborto en Sur América, era algo que nos sorprendió mucho.

Al final, ella tuve que prestar dinero de nuestro amigo, Pär, que ahora está acá conmigo para hacer el trabajo, para ir a Suecia y hacer un aborto, y después de 2 semanas pudimos continuar el viaje. Pero era muy dura la situación y yo empecé a pensar como es acá para las chicas que no pueden ir a Suecia...

Pär y Yo hemos hablado y planeado este proyecto periodístico desde entonces, y ahora por fin estamos acá. (Yo recibí una beca para hacerlo).

Marcha: ¿Que elementos comunes en los relatos de las distintas mujeres encontraron?

Par: Hemos encontrado mujeres de todas clases sociales, y son más distintos las experiencias que comunes, dependiente de cuánto dinero tienes y como lo haces. Pero algo común puede ser que muchas sienten culpable y tienen miedo, y no es un tema hablado.

Casi todas las mujeres que hemos encontrado dicen que no pueden hablar sobre este tema.

Pero eso está cambiando poco a poco...

Marcha: ¿Que diferencias notaron en la predisposición de las mujeres de los distintos países a la hora de hablar del aborto?

Par: En Uruguay el tema es mucho más abierto y la actitud es más liberal, se puede tener ayuda antes y después de un aborto en hospitales públicos y no se puede denunciar una mujer que hice un aborto. En Argentina es mucho más cerrado el tema, (quizás porque la iglesia tiene más poder acá y no es un estado laico). Ya no hemos viajado para Chile, pero nos parece ser aún más cerrado el tema allá.

Marcha: ¿Cómo se da el debate en Europa?, que diferencias encuentran con América?

Julia: En casi todos los países europeos el aborto es legal (sin Malta y Polonia) y la ley (del estado) dice que es legal. Ahora está cambiando un poco en España con su gobierno nuevo y conservador, ellos quieren hacerlo ilegal otra vez... (El catolicismo).

Antes, en los años 60, las suecas iban a Polonia para hacer abortos, porque era legal allá entonces, ahora es al revés...

Par: La gran diferencia creemos que acá la iglesia es católico y en Europa del norte es protestante. Además, acá en Argentina no hay un estado laico como en Suecia.

Marcha: ¿Cómo funciona concretamente la legalidad del aborto en Suecia? ¿El estado se hace responsable? ¿Es gratuito en los hospitales?

Par: Está reglado por el estado, era un cambio en la ley en 1974. Entonces, es el estado que se hace responsable y como todo nuestro sistema de salud es subvencionado (casi gratuito), es lo mismo con abortos. Podemos hacer abortos sin excepciones hasta el 18 semana. Hasta semana 22 hay que pedir de nuestro Consejo Social autorización para hacer un aborto.

Marcha: ¿En este recorrido periodístico indagaron sobre otras problemáticas de las mujeres además de los abortos clandestinos?

Julia: En nuestro trabajo el foco está en el tema del aborto, pero en general en este continente son sociedades machistas, es obvio. También son sociedades bipolares, que está prohibido hacer abortos, pero al otro lado hay una gran exposición del cuerpo femenino, es un objeto. También hemos leído sobre teman de violencia contra mujeres y feminicidos. Además, nos dimos cuenta que hay una falta de educación sexual en muchas partes.

Marcha: ¿desde que nivel educativo tienen educación sexual en Suecia?

Par: Ahora creo que está cambiando, pero cuando nosotros íbamos a la escuela era desde los 13 años. Pero no es un tema tabú, todo el mundo habla con sus padres sobre estos temas mucho antes los 13 años.

Marcha: ¿Que opinan sobre la idea de maternidad obligatoria que se impone en la cultura?

Julia: Bueno, no estoy de acuerdo. (En Suecia por ejemplo también luchamos contra el patriarcado, pero es en otros niveles que acá). Ahora es común tener una carrera como mujer y el foco no está en tener una familia, pero también tener su carrera, trabaja mucho y además tener lindos hijos es ahora más una cosa de estado. Pero se puede ser una mujer con una carrera exitosa sin tener hijos en Suecia. Acá pienso que es más obligatorio ser madre?

Par: Tener una familia es "importante" en Suecia no solo por las mujeres, pero también por los hombres. Es un código social para los dos géneros.



Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-189497-2012-03-13.html
http://www.marcha.org.ar/index.php/nacionales/92-generos/744-el-aborto-del-otro-lado-del-mundo

martes, 6 de marzo de 2012

Agrupaciones reclaman frente a casa de gobierno


La Organización social Corriente del Pueblo movilizó la mañana de hoy por la represión de ayer y del domingo en el asentamiento Montenovi.


La movilización, que hizo un recorrido por el centro, comenzó a las 10 de la mañana y tuvo caracter informativa, terminando en la casa de gobierno donde se hicieron los debidos reclamos.

Entre los reclamos está el cumplimiento del gobierno del plan provincial "Un lote para cada familia jujeña que lo necesite" "que no fue mas que una campaña política".

Miguel Paredes nos comentaba acerca de la ley antiterrorista que se viene aplicando en los casos en que se reclama. "El gobierno con su disfraz de progresista muestra su cara represiva". "Tambien quieren quitar a los trabajadores y miembros de organizaciones las ayudas sociales como lo son los bolsones y obras sociales".

Desde la Corriente del Pueblo se hace un llamado a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto que tome parte para que lo ocurrido en Ledesma a mediados del año pasado.

En esta concentracion frente a la casa de gobierno estuvieron varias agrupaciones: Avelino Bazán, Tupaj Katari, Corriente del Pueblo, Polo Obrero, entre otras.


A continuacion reproducimos el comunicado de prensa del Movimiento Social y Cultural Tupaj Katari.

Ante los desalojos violentos con detenidos sucedidos esta semana en el asentamiento del Barrio Los Perales, y las amenazas a los vecinos sin techo del Aeroclub y otras localidades de la provincia de Jujuy manifestamos:

Que los desalojos no son planes de relocalización como declaran las autoridades provinciales, sino un recurso DESESPERADO ante el incumplimiento con el programa “un lote para cada familia" instrumentado a raiz de los asesinatos producidos por al represión y desalojo de tierras de la empresa Ledesma S.A. ocurridos el 28 de Julio del año pasado en la localidad de Libertador General San Martín.

Que la compra de 150 hectáreas de tierras por parte del gobierno, solo en Capital, es harto insuficiente para las 50 mil familias sin techo de Jujuy y provoca que al menos los 20 mil inscriptos y las familias aún asentadas, descrean justificadamente en la entrega efectiva de lotes.

Que a la fecha siguen existiendo predios ociosos que el gobierno no se ha propuesto expropiarlos y mucho menos a declararlos de utilidad pública para loteo.

Por Ello:

1º- Repudiamos todo intento de desalojo disfrazado de relocalización. Castigo a la férrea voluntad de los vecinos de defender su derecho a una vivienda.

2º- Reclamamos junto a los vecinos que el gobierno presente un plan integral y/o haga efectivo el anterior atender las necesidades de la totalidad de los "asentados" y "empadronados" en base a la expropiación de los grandes terrenos ociosos disponibles en toda la provincia.

3º-Por último y ante la violencia de los operativos, hacemos responsable al gobernador Eduardo Fellner y al Ministro Luis Cosentini por la seguridad de las familias asentadas y/o desalojadas. Porque no queremos más víctimas como las de Ledesma a las que al momento las envuelve la impunidad.




Colectivo Minka

viernes, 2 de marzo de 2012

Marcha a un año de la desaparicion de Matias Huanco


Los familiares del menor Matías Huanco hicieron llegar al piso de Radio Minka un comunicado de prensa donde informan e invitan a la Marcha pacífica a realizarse hoy, 2 de marzo, a las 17:30.

El lugar de concentración será la Plaza Belgrano.

Esta marcha se realiza a un año de la desaparición de Matías.

Recordemos que Matías Huanco desapareció el 2 de marzo de 2011, cuando supuestamente habría caído a un arroyo afluente del río Grande. Pero a pesar de las numerosos rastrillajes en el lugar por parte de la Policía de la Provincia y de organizaciones especialistas en búsqueda a través de perros, el pequeño continúa desaparecido.

Si bien el caso se encuentra en la justicia "bajo secreto de sumario", la asistente social que atiende a la familia del pequeño, Noel Ávila Taglioli, explicó que los familiares quieren que el niño aparezca, por lo que el juez a cargo de la investigación, Javier Aróstegui, habría abierto la causa para que la búsqueda del menor se pueda hacer pública.

"No podemos ni debemos perder las esperanzas ni bajar los brazos en esta búsqueda".

Plaza Belgrano 17:30 hrs


La marcha no se suspende por lluvia.



Colectivo Minka

Megamarcha contra la megamineria contaminante en Jujuy


En términos generales, la minería es una actividad a través de la cual se extraen los minerales de la tierra, pueden ser éstos metales o no metales. La minería metálica es aquella que extrae metales, por ejemplo cobre, oro, plata, platino, etc. Se habla de minería a gran escala cuando se remueve enormes cantidades de material, es decir decenas de miles e incluso hasta centenas de miles de toneladas al día.


Entre las técnicas de extracción de metales a gran escala, se identifican dos importantes: la minería subterránea (o de socavón) y la minería a cielo abierto. Esta última es común en la actualidad, por ser generalmente más barata. La minería metálica a cielo abierto está orientada a remover y procesar diversos materiales del subsuelo -vegetación, tierra fértil, subsuelo no suficientemente mineralizado, o material mineralizado (la "mena")- excavando huecos gigantescos con el fin de acceder a los metales.

En general, la mena no contiene el metal en forma pura, sino que se encuentra en una mezcla que puede contener varios metales. Una vez la roca extraída, se la trata químicamente para eliminar lo grueso de las impurezas (es lo que se llama "etapa de beneficio"). Posteriormente viene una fase mucho más compleja de purificación y refinamiento. Sin embargo, Ecuador no tiene la capacidad industrial para refinar y purificar el metal extraído de la mena, por lo que estas etapas se harán en el extranjero. Por ello, los metales serán exportados como materia prima, a la China, la India u otros países de Europa y América del Norte. Una vez purificados, los metales serán transformados en diversos productos terminados que, en gran medida, serán usados por sociedades de estos mismos países.

La minería industrial, dejará ríos muertos, cordilleras deforestadas, comunidades en conflicto, enfermedades, violaciones de Derechos Humanos y de Derechos de la Naturaleza, ejércitos de desempleados, así como campesinos e indígenas sin tierras.

La minería a gran escala tiene impactos nocivos tanto sobre el suelo, las aguas y el aire. Destacamos a continuación los siguientes impactos que han sido identificados en muchas minas metálicas a gran escala alrededor del mundo, particularmente a cielo abierto:

· Contaminación a gran escala de las aguas de superficie y subterráneas con sustancias tóxicas, incluyendo: el arsénico, plomo, cadmio, cromo, cianuro y mercurio, e incluso sustancias radiactivas (ver pregunta 13), con impactos catastróficos en la fauna, la flora y la salud humana.

· Drenaje ácido de roca: un proceso que acidifica las aguas subterráneas y de superficie y que favorece la contaminación del agua con metales pesados, incluso siglos después de terminada la explotación de la mina (ver pregunta 13).

· Deforestación masiva y sequías por efecto de la desertificación y el agotamiento de las fuentes de agua.

· Destrucción del hábitat de especies de animales y plantas en peligro de extinción, e incluso de ecosistemas enteros.

· Impactos nocivos a áreas protegidas.

· Contaminación del aire debido al polvo y el ruido generados por las explosiones recurrentes producidas en la excavación, el ruido de los molinos y el constante tráfico vehicular, con impactos considerables en la flora y la fauna.

· Emisiones de gases de efecto invernadero.

· Contaminación de los suelos.

Es preciso tomar en cuenta que además de los impactos directos de la actividad minera, se producen igualmente impactos indirectos, los cuales pueden ser también muy graves. Entre los impactos indirectos, el ejemplo más claro es la deforestación y degradación del suelo y de la calidad del agua debido a la sobre-explotación y contaminación de estos recursos, provocada por la llegada de nuevos trabajadores y moradores atraídos por la mina. Este aumento de la población provoca además la expansión de la frontera agrícola-ganadera en regiones vecinas, lo cual provoca pérdidas de biodiversidad.

Otro ejemplo de impacto indirecto resulta de la producción de energía destinada a abastecer las minas. La minería a gran escala requiere grandes cantidades de energía eléctrica para su funcionamiento. Esta producción de energía implica la construcción de represas hidroeléctricas, centrales térmicas e incluso de centrales nucleares, la cuales producen a su vez impactos socio-ambientales considerables.

Es indispensable precisar que los impactos de la minería -sea ésta a pequeña o gran escala- no solo se sienten en las inmediaciones de las minas, sino que se evidencian a cientos de kilómetros de distancia de las áreas mineras. Por ejemplo, las minas en las montañas descargan su contaminación en los ríos aledaños a las minas, y envenenan a los organismos acuáticos en toda la trayectoria de los ríos, hasta llegar al mar.

La industria minera metálica necesita cantidades enormes de agua, principalmente para separar los metales buscados de otros minerales presentes en la mena y para rociar las carreteras para evitar el polvo. También se necesita aprovisionar de agua potable a los trabajadores. Las empresas mineras siempre usan el argumento de que reciclan una parte del agua que consumen, lo cual es cierto en las mayoría de los casos. Pero aun reciclando sus aguas usadas, las minas siempre necesitan grandes cantidades de agua fresca, es decir directamente tomada de fuentes naturales.

La contaminación al agua causada por la gran minería es inevitable. A nivel mundial, no existe explotación minera que no haya contaminado el agua, aún usando la tecnología más avanzada. La contaminación es aún más problemática e inevitable en sitios como la Cordillera de Toisán y la Cordillera del Cóndor, porque son áreas donde llueve mucho y donde existen múltiples redes de aguas subterráneas.

Una de las formas de contaminación más problemática para el agua es el "Drenaje ácido de Roca". Este fenómeno se produce en las escombreras, en el cráter, o en los diques de desechos de la mina, y ocurre tanto durante la explotación de la mina, como después de su cierre. El Drenaje Ácido de Roca ocurre cuando las aguas de lluvia entran en contacto con sustancias tóxicas contenidas naturalmente en las rocas minadas, es decir que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie. Mientras estas sustancias tóxicas se encuentren en el subsuelo, no presentan riesgo, pero al sacarlas de las entrañas de la tierra y exponerlas al agua y al aire, pueden convertirse en elementos mortales.

En efecto, existe un alto riesgo de que las reacciones químicas producidas por el contacto entre la lluvia y la roca excavada provoquen una acidificación inusual de las aguas que corren sobre estas rocas. Las aguas ácidas fluyen a los ríos y corrientes subterráneas, acidificándolas. Esta acidificación puede ser catastrófica para la fauna y la flora acuáticas. Pero eso no es todo, este Drenaje Ácido de Roca acelera a su vez la disolución en las aguas de superficie y subterráneas, de los metales pesados extraídos del subsuelo (como el arsénico, plomo, cadmio, mercurio) presentes en gran cantidad en las rocas removidas por la actividad minera. Este tipo de contaminación es particularmente devastador para el agua y puede destruir los ecosistemas acuáticos durante cientos, e incluso miles de años: un caso notable es el de la mina romana de Rio Tinto en España, que sigue contaminado desde hace más de dos mil años.

Pero el Drenaje Ácido no es la única fuente de contaminación del agua. Las grandes cantidades del líquido vital utilizado en los procesos de extracción del metal también resultan contaminadas, y se almacenan en lagunas denominadas "piscinas de relave". Estas aguas son muy tóxicas, pues contienen cianuro y otros químicos, como metales pesados que se encuentran en forma natural en el subsuelo. Estos elementos tóxicos se van acumulando en el fondo de las piscinas de relave. Sin embargo, no se puede almacenar las aguas usadas en su totalidad y las empresas tienen que descargarlas periódicamente al medio ambiente. Aun si las leyes establecen un nivel máximo de concentración de estos tóxicos para las aguas a ser descargadas en el ambiente, es común que las empresas no lo respeten.

Además, los sedimentos tóxicos se acumulan en el fondo de las piscinas de relave durante siglos y representan una fuente importante de contaminación de las aguas, tanto por infiltraciones y fugas crónicas al medio ambiente, como por sus eventuales colapsos accidentales. Además, la explotación minera conlleva otras fuentes de contaminación del agua, como las aguas servidas del campamento minero, o los explosivos que se usan para perforar el suelo. La mina de Bingham Canyon, en Estados Unidos, usa 70 millones de libras de explosivos al año.

Son muchos los casos alrededor del planeta en los que todas estas formas de contaminación afectaron la vida acuática y provocaron la desaparición de especies enteras de peces. En numerosas regiones de minería a gran escala, el agua se vuelve inservible para el consumo humano o para labores de agricultura. La contaminación de los ojos de agua provoca además un conjunto de impactos directos e indirectos en términos de salud pública, como enfermedades degenerativas, enfermedades de la piel, etc. Una vez que los metales pesados provenientes de las minas entran a la cadena alimenticia, permanecen allí. Estas sustancias se acumulan en los peces y otras especies que absorben dichos metales. Al alimentarse de estas especies, los seres humanos acumulan también estas sustancias en su cuerpo. Las poblaciones más vulnerables a la acumulación de metales pesados son niños, niñas y mujeres embarazadas.

Es imposible conocer la cantidad de agua que será contaminada por una explotación minera, al inicio de la misma. Eso se debe a la falta de información precisa sobre la hidrología de las regiones donde se encuentran los proyectos mineros, la cantidad de minerales que contienen los yacimientos o cuántos químicos se emplearán para extraerlos.

Se usan químicos para separar el metal buscado de los otros metales presentes en una mena. Una vez que el metal es extraído, los químicos se quedan en los desechos mineros. Después de haberlos tratado parcialmente, las empresas tienen que descargar una parte en el medio ambiente.

En la minería de oro a gran escala, se usa generalmente el cianuro para separar el metal de los otros minerales presentes en la mena (existen otras técnicas pero son más costosas). El cianuro es un veneno conocido, la ingestión de 200 a 300 mg (entre 5 y diez granos de arroz) de cianuro de sodio es suficiente para matar a un adulto. Las empresas mineras usan un promedio de 4 kilogramos de cianuro de sodio para producir una onza de oro (lo que representa una cantidad a penas más grande que un anillo). En los procesos de lixiviación con cianuro, usualmente se utilizan aguas que contienen 2% de cianuro.

Si bien es cierto que el cianuro se descompone una vez que entra en contacto con el aire o la luz solar, su toxicidad se mantiene en sedimentos de lago. También los productos de la degradación del cianuro son peligrosos durante mucho tiempo, y no se descomponen tan rápidamente como el cianuro "puro". Aunque se sabe poco de la toxicidad de estos productos secundarios, se ha comprobado que algunos productos de la degradación del cianuro son venenosos para los peces.

En el caso del cobre, los químicos utilizados para extraerlo de la mena dependen del tipo de tratamiento. En ciertos casos se utiliza acido de sulfuro -un químico tóxico-, para extraer (en pilas) el cobre de la roca. En otros casos, se usan otros químicos, que aunque no son tan tóxicos, producen igualmente daños en los seres vivos. La Agencia de Protección Ambiental de los EEUU ha elaborado un listado de más de 20 químicos relacionados a la minería de cobre, todos ellos muy peligrosos.

Otra fuente de contaminación por químicos son los accidentes que ocurren durante las diversas etapas de los trabajos mineros. En varias partes del mundo, se ha registrado numerosos casos de envenenamiento masivo debido a accidentes de vehículos transportadores de químicos tóxicos.

Las catástrofes más graves de la historia de la minería han sido provocadas por fugas e infiltraciones y sobre todo por rupturas de diques que contienen las aguas residuales o el colapso de las instalaciones de la mina. A lo largo de la historia de la minería industrial y en todas partes del planeta, se ha registrado un sinnúmero de accidentes con consecuencias ambientales a gran escala e irreversibles, causando muerte, destrucción y desplazamiento de pueblos, contaminación masiva de ríos y la desaparición de miles de toneladas de peces, particularmente en el caso de la contaminación con cianuro. Basta con ver lo sucedido en la última década en Rumania (Baia Mare), Hungría, España (La Doñana) o Guyana (Río Essequibo).


Frente a una avanzada represiva en aumento, los movimientos populares tenemos desafíos que van creciendo día a día, entre los cuales se destaca la consolidación de redes de resistencia que fortalezcan nuestras luchas territoriales. Estas redes son nuestra arma más poderosa porque se perfilan desde la solidaridad concreta y cotidiana, y tenemos que destacar que solidaridad es una palabra que no nos han podido robar porque no existe en el diccionario de empresas, gobiernos y justicias que pretenden avanzar sobre nuestros territorios y la autodeterminación de nuestras vidas en búsqueda de mayores ganancias al precio de más represión y de más muertes.


Otro aspecto central, que se viene viendo de la mano de la mineria (contra las luchas sociales), es la legislación antiterrorista que se viene imponiendo en el continente, que habilita a la vigilancia de la sociedad, -cuyos integrantes nos convertimos en sospechosos frente a la supuesta amenaza del terrorismo-, imponiendo mecanismos de control y una cultura del miedo que es parte de nuestra vida cotidiana.

Desde el 2005 la Argentina viene transitando el camino de aprobar convenios y leyes antiterroristas. Ya ese año, se convirtieron en ley dos convenios, la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, adoptada por la OEA en el 2002, y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la ONU en 1999.

A su vez, en 2007 se sancionó la ley N° 26.268 que incorporó al código penal los delitos de asociación ilícita terrorista y los de financiación de este tipo de asociaciones.

En esa ley se considera que una asociación ilícita terrorista tiene las siguientes características:

a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político;

b) Estar organizada en redes operativas internacionales;

c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.

Ya en ese momento nos preguntamos ¿Quiénes son los terroristas?:

Y comenzamos a construir una respuesta colectiva basada en nuestras experiencias cotidianas de resistencias: Tanto la propagación de distintos odios, como la existencia de redes operativas internacionales, como la puesta en peligro de la vida e integridad de un número indeterminado de personas son características completamente aplicables a las formas de operar de las empresas transnacionales y sus socios políticos locales, en la implementación del modelo extractivo y productivo de esta etapa del capitalismo global, que responden con criminalización, represión, militarización y muerte a quienes se oponen a entregar los territorios y las formas tradicionales de habitarlos, a la mercantilización de la naturaleza y de toda expresión de vida.

Un nuevo proyecto de ley que el poder ejecutivo envió el 14 de octubre de 2011 al Congreso de la Nación, fue aprobado finalmente por el Congreso en Sesiones Extraordinarias y promulgado por el Poder Ejecutivo el 27 de diciembre con el N° 26.734. La ley determina un incremento de la escala penal para delitos que tengan por finalidad aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Además, establece que será reprimido con prisión de 5 a 15 años el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero a sabiendas de que serán utilizados para financiar un delito con finalidades terroristas.

En la fundamentación del proyecto se establecía a su vez que quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta social, toda vez que estos estén dirigidos a reclamar derechos individuales o colectivos; a su vez, en el artículo 3° de la ley dice:"Los agravantes previstos en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".

A pesar de que pareciera ser un texto bastante amigable frente a las acciones de protesta social es necesario que los/as luchadore/as sociales estemos advertido/as, tal como lo expresa la carta pública elaborada por la REDAJ:

1) por el aumento de las penas frente a pretendidos actos terroristas o sus financiadores.

2) porque se utilizan conceptos muy imprecisos que abren la posibilidad de que sean aplicables a las figuras penales frecuentemente utilizadas para la criminalización de la protesta social, como en los casos de resistencia a desalojos, cortes de vías de circulación o actos de protesta en el espacio público.

3) porque el proyecto genera las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo.

4) porque, a pesar de que el proyecto establece que no se aplicará en los casos en que se trata del ejercicio de un derecho constitucional, no hay garantías de que los líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo.

5) además, dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de prueba, y deberán ser esos líderes sociales los que tengan que demostrar que no son terroristas en los procesos penales.

6) hay que tener en cuenta que este tipo de reformas son exigidas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro para las inversiones externas directas. De esta manera, se subordinan los derechos a la protesta social en pos de cumplir con exigencias impuestas por organismos financieros internacionales.

7) otro aspecto a destacar son los riesgos que corren las organizaciones que apoyen a los movimientos sociales, que podrían ser consideradas como financiadoras del terrorismo en la medida en que las acciones de protesta social de esas organizaciones sean consideradas como acciones terroristas.

De la misma manera que la avanzada militarista y represiva se puede observar en el continente a través del golpe de estado perpetrado en Honduras, de la permanente violación de los derechos humanos en Colombia y de los derechos ancestrales en Chile, por tomar sólo algunos ejemplos, en la Argentina hemos sido testigos de más de una decena de asesinatos vinculados a la defensa del territorio por parte de comunidades y poblaciones, el más reciente de los cuales es el de Cristian Ferreyra, compañero militante del Mocase, asesinado por un banda armada que opera al servicio de uno de los tantos empresarios que protagonizan, en muchas de nuestras provincias, violentos desalojos a comunidades campesinas e indígenas. La militarización y represión la vivimos actualmente en el amedrentamiento que vienen sufriendo desde el 1º de enero del corriente año las Asambleas Riojanas en defensa del Cerro Famatina, lo que se evidencia no sólo en el cerco que las fuerzas represivas especiales ejercen en el corte, sino también en la persecución, la intimidación, las amenazas, el armado de listas "negras" de luchadore/as que denuncian trabajos de inteligencia por parte de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation y la judicialización de las luchas de compañero/as contra los proyectos megamineros en nuestra cordillera. Todo esto con el fin de que esos territorios transiten el camino de la mercantilización capitalista.


Tomado del texto "La UAC alerta y en lucha frente a la avanzada represiva y militarista y en repudio a la LEY AntiTerrorista"



En vista de la situación actual se viene realizando radios abiertas donde se infoma a la población acerca de las actividades mineras y de la ley antiterrorista.

A continuación el video de la radio abierta conta la megaminería, realizado por el Colectivo Minka.






Fuente: noalamina.org/Colectivo Minka